Amonestación a maestra reabre debate sobre libertad de expresión en Yucatán
- Grupo Interactivo TV
- 4 jun
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Mérida, Yucatán, 4 de junio de 2025.- La reciente amonestación por escrito impuesta a una maestra de la escuela “Esfuerzo Popular”, ubicada en Chuburná, ha generado inquietud en sectores educativos y periodísticos. La sanción se atribuye a declaraciones que la docente brindó al medio Telesur Yucatán el pasado 29 de mayo, en las que abordaba el presunto intento de cierre del plantel educativo.

En respuesta a la situación, el Secretario de Educación del Estado, Juan Enrique Balam Várguez, declaró en una entrevista con Telesur Yucatán, que no tenía conocimiento previo de la sanción ni de la situación específica de la escuela “Esfuerzo Popular”. El funcionario se comprometió a investigar el caso y a revisar los procedimientos administrativos.
El hecho ha sido interpretado por algunos sectores como un caso que pone sobre la mesa el equilibrio entre la libertad de expresión de los trabajadores del sector público y las restricciones administrativas a las que están sujetos dentro de sus funciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una postura oficial por parte de la autoridad educativa estatal.
La organización internacional ARTICLE 19 ha alertado en repetidas ocasiones sobre el contexto adverso que enfrentan comunicadores en Yucatán. La entidad se encuentra entre los estados que aún conservan figuras legales como la difamación y calumnias en su Código Penal, lo que ha sido señalado como un instrumento que podría utilizarse para inhibir el ejercicio periodístico.

De acuerdo con registros de dicha organización, en los últimos años se han documentado agresiones, amenazas y procesos judiciales contra periodistas y activistas, lo que motivó el surgimiento de agrupaciones como Somos Periodistas, que impulsan reformas legales para proteger el derecho a informar.

Mientras tanto, el caso de la maestra en Chuburná suma un nuevo elemento a la discusión pública sobre la delgada línea entre la reglamentación interna de instituciones públicas y el respeto al derecho a la libertad de expresión, reconocida en la Constitución mexicana y tratados internacionales.










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