¿Justicia o represalia? La detención de un periodista sacude a Coatzacoalcos

Veracruz 26 de diciembre del 2025

En una de las regiones más golpeadas por la violencia en el país, el papel de las instituciones de justicia vuelve a colocarse bajo el escrutinio público. En Coatzacoalcos, Veracruz, la reciente detención de un periodista ha abierto un debate sobre el ejercicio del poder, la legalidad de los procesos judiciales y la libertad de prensa.

El periodista identificado como Lafita León fue detenido y señalado por presuntos delitos clasificados por las autoridades como terrorismo y delitos contra la seguridad pública, según versiones difundidas por colectivos regionales y organizaciones civiles. La aprehensión habría ocurrido en vísperas de Navidad, lo que incrementó la atención mediática y la reacción de distintos sectores sociales.

De acuerdo con la narrativa que circula en redes sociales y comunicados locales —la cual no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE)—, la detención se habría producido después de que el periodista documentara en video un accidente ocurrido en el malecón de Coatzacoalcos, en el que presuntamente estuvo involucrada la hija de Leticia Zurita Dávila, abogada con presencia mediática y a quien se le atribuye influencia dentro de la FGE.

Versiones y señalamientos

Colectivos y voces críticas sostienen que el proceso judicial podría estar motivado por represalias. En ese contexto, se han difundido testimonios y publicaciones en las que se atribuyen presuntas amenazas verbales a la abogada mencionada, frases que circulan en espacios digitales pero cuya autenticidad no ha sido verificada por instancias oficiales.

Estas versiones han llevado a cuestionamientos públicos sobre el posible grado de injerencia de actores externos en decisiones ministeriales, así como sobre las condiciones en las que se están llevando a cabo la detención y el proceso legal del comunicador.

Preguntas abiertas

El caso ha generado una serie de interrogantes que, hasta el momento, no cuentan con respuestas claras por parte de las autoridades:

• ¿Qué intereses representa Leticia Zurita Dávila dentro de la Fiscalía General del Estado?

  
  

• ¿Existe algún tipo de influencia indebida en las decisiones judiciales relacionadas con este caso?

  
  

• ¿Se están respetando las garantías de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia?

• ¿Qué implicaciones tiene este caso para la seguridad de periodistas que ejercen su labor en contextos de alta violencia?

  

Hasta ahora, la FGE no ha emitido un posicionamiento público detallado que esclarezca los motivos de la detención ni que responda a los señalamientos difundidos. Mientras tanto, organizaciones defensoras de la libertad de expresión han comenzado a dar seguimiento al caso, al considerar que podría sentar un precedente preocupante para el ejercicio periodístico en Veracruz.

En una entidad con un historial complejo en materia de agresiones contra la prensa, este episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de transparencia institucional, rendición de cuentas y garantías efectivas para el ejercicio del periodismo.