Lunes 14 de Septiembre del 2020
Playa del Carmen.- Karla Patricia Rosas y su hermano Jonathan son acusados por los vecinos de diversas cerradas por presuntos actos fraudulentos y violencia. A pesar de las denuncias, algunas autoridades parece que se han asociado con ellos.
Una vecina tiene la facilidad de hacerse pasar por propietaria de cuando menos 12 departamentos en el mismo número de cerradas de manera que en cada una de ellas se autodesigna administradora.
Eso es fácil cuando se tiene un “amigo” en la constructora “ARA”, de quien sólo se sabe su primer nombre: David, quien no sólo le dice qué departamentos están desocupados, cuándo se ocupan; que le regala la información personal de los nuevos dueños (número telefónico, nombre, profesión, ingresos, número de integrantes de su familia, toda la información que una persona entrega a la inmobiliaria para tramitar la compra).
Cabe señalar que, con base en la ley, compartir (traficar) la información personal de alguien es un delito, pero éste es uno de los muchos que, gracias a la corrupción, se pueden cometer sin consecuencias.
Más aún, que un empleado de ARA, le facilite a un tercero las llaves y la información de una vivienda ajena para que pueda simular ser vecino del lugar, suma delitos a la lista.
Simulando ser vecina, después, declarando que ella, su hermano, Jonathan Rosas Corona y eventualmente alguna de sus parejas, formarían parte de una empresa que unas veces se denomina “Crown” y en otras “Royal Residences” en unas ocasiones aparece ella como responsable de la prestación de servicios y en otras, el hermano, pero todos los depósitos se concentran en la cuenta de Karla en el banco BBVA.
A pesar de los resultados sumamente violentos, Jonathan Rosas continúa impune, gracias a las omisiones e indolencias del personal de la FGE Playa del Carmen: “no podemos hacer nada”, es la respuesta acostumbrada de los servidores públicos.
Por los servicios que presta, cobra entre 500 y 600 pesos mensuales por vivienda; cada cerrada tiene hasta 138 viviendas y la que menos, 80; promediemos 100 viviendas por cerrada, a 500 pesos, son 50 mil pesos por privada, por 12, le dejan ganancias por 600 mil pesos mensuales.
Recientemente, Karla obligó a los habitantes de una de estas cerradas a pagar 80 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque resulta que no había pagado por más de un año el recibo; pero la realidad, no fue por la falta de pago, fue porque la paraestatal encontró el “diablito” que le permitía a Karla robarse la energía, se ubica detrás de la caseta de vigilancia.
Pero también le han hecho auditorías y el resultado fue que, lejos de lo que ella asegura, no paga las prestaciones de los trabajadores y además, el jardinero es también el alberquero, el encargado de la entrada o vigilante.
Comments