Queda definitivo el cambio de nombre del municipio de Playa del Carmen tras negativa de amparo

Playa del Carmen, Quintana Roo, 10 de octubre de 2025

El cambio de nombre del municipio de Playa del Carmen, que dejó de llamarse “Solidaridad”, ha quedado definitivo, luego de que un juez federal de Cancún desestimara el amparo solicitado por José Alfredo Toledo Medina, hijo del extinto luchador social Marciano Toledo Sánchez y presidente del Grupo Cívico 28 de Julio.

El Juzgado Cuarto de Distrito resolvió en una sentencia definitiva que no se otorgará el amparo a favor de Toledo Medina, quien había impugnado la reforma que modificó la denominación oficial del municipio. El juez determinó sobreseer el caso, es decir, darlo por concluido, con lo que se confirma el cambio de nombre y la legalidad de la reforma.

La controversia surgió cuando, en marzo pasado, el Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial las reformas legales que cambiaron oficialmente el nombre del municipio de “Solidaridad” a “Playa del Carmen”. Este cambio fue aprobado en una sesión extraordinaria del cabildo de Solidaridad a finales de febrero, y posteriormente fue ratificado por los 11 ayuntamientos de Quintana Roo, al ser una reforma constitucional.

El recurso de amparo fue presentado por Toledo Medina el 8 de abril de 2025, alegando que el proceso había violado derechos constitucionales, particularmente en relación con la falta de consulta pública en el cambio de nombre. Sin embargo, tras una revisión del expediente, el juez federal desechó la solicitud, y la apelación presentada ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito fue resuelta a favor de la autoridad, solicitando la readmisión de la demanda.

El pasado 8 de octubre, el juez notificó a Toledo Medina la negativa al amparo, y al sobreseer el caso, se da por concluido el procedimiento legal. El exfuncionario tiene un plazo de 10 días para interponer un recurso de revisión, de acuerdo con la Ley de Amparo.

Con esta resolución, el nombre oficial del municipio de Playa del Carmen queda establecido de manera definitiva, consolidando la reforma que fue impulsada por el cabildo local y respaldada por el Congreso del Estado de Quintana Roo.