Majo Osorio busca frenar el show político hecho con ayudas sociales

Quintana Roo, 12 de mayo de 2026

La iniciativa presentada por la diputada María José Osorio Rosas para impedir el uso político de apoyos sociales y prohibir la difusión de imágenes de personas en situación de vulnerabilidad en redes sociales sacudió el escenario político de Quintana Roo.

Y no porque se trate de una propuesta extrema o jurídicamente inviable, sino porque toca uno de los mecanismos más utilizados —aunque pocas veces admitido públicamente— en la carrera anticipada rumbo a las elecciones de 2027: la construcción de imagen política a partir de la necesidad social.

La reforma planteada al artículo 400 Bis de la Ley Electoral apunta directamente a una práctica que se ha vuelto habitual en el estado. Desde hace meses, diversos actores políticos mantienen operaciones permanentes de “gestión social” en colonias populares mediante la entrega de medicamentos, despensas, sillas de ruedas, tinacos, láminas y apoyos económicos que posteriormente son difundidos en Facebook, TikTok y otras plataformas digitales como parte de estrategias de posicionamiento.

Las escenas se repiten constantemente: fotografías abrazando adultos mayores, videos entregando medicinas, imágenes cargando niños o recorridos acompañados de música emotiva y mensajes de cercanía con “quienes más lo necesitan”. La asistencia social convertida en herramienta de branding político.

Por ello, la propuesta generó incomodidad entre distintos grupos políticos.

Aunque públicamente el discurso se centra en la protección de la dignidad humana y la privacidad de las personas vulnerables, en los hechos la iniciativa impacta uno de los instrumentos más eficaces de promoción anticipada rumbo a la sucesión de 2027.

El verdadero problema para muchos actores no sería la existencia de la ley, sino la posibilidad de que efectivamente se aplique.

Durante años, la política asistencial en Quintana Roo evolucionó de la gestión social tradicional hacia un modelo de propaganda emocional donde la pobreza, la enfermedad y la vulnerabilidad comenzaron a formar parte del contenido político digital.

Mientras más sensible es el caso, mayor alcance suele generar en redes sociales.

La ayuda dejó de ser únicamente una acción de apoyo comunitario para convertirse también en narrativa política, empatía digital y posicionamiento electoral.

La iniciativa de Majo Osorio abrió así un debate incómodo incluso dentro de la propia llamada Cuarta Transformación y sus aliados, donde varios personajes que hoy encabezan encuestas, buscan candidaturas o construyen estructuras territoriales han basado parte de su crecimiento precisamente en esa fórmula: presencia territorial, asistencia personalizada y difusión constante en redes sociales.

Aunque presentada como una reforma ética y humanista, la propuesta también exhibe una de las mayores contradicciones del escenario político actual: todos rechazan públicamente el uso político de la pobreza, hasta que inicia la competencia electoral.

Y en Quintana Roo, para muchos, esa competencia comenzó desde hace tiempo.

Basta observar redes sociales para identificar una disputa silenciosa entre funcionarios, legisladores, aspirantes, regidores y operadores políticos por mostrarse más cercanos a la ciudadanía, más sensibles y más activos que sus adversarios.

El problema, advierten analistas, es que esa dinámica comenzó a normalizar algo delicado: convertir la necesidad humana en contenido político.

Por ello, el debate ya no se limita únicamente al terreno jurídico.

La discusión de fondo es si realmente existe voluntad política para establecer límites al marketing electoral disfrazado de ayuda social.

Porque si la reforma avanza y se aplica con rigor, no solo modificaría la manera de hacer propaganda en Quintana Roo; también obligaría a muchos de los adelantados rumbo al 2027 a replantear la estrategia con la que actualmente construyen popularidad.