Chetumal, 11 de septiembre de 2024.
La Diputada Local Reyna Tamayo realizó un duro pronunciamiento durante la Octava Sesión del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVIII Legislatura del Estado.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votó en contra de la Reforma al Poder Judicial y de la terna propuesta para ocupar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción.
Durante su intervención, la diputa panista mencionó que “El grupo legislativo de acción nacional está sumamente preocupado por la actitud soberbia y carente de tacto político asumida por la mayoría oficial que hoy gobierna en la entidad”. Sabiendo que años atrás la misma aplicaba el PRI y el PAN.
Mientras la oposición de MORENA sigue aumentando fuerza y logrando su objetivo, para poder controlar cualquier tipo de "Corrupción".
Sobre la Reforma al Poder Judicial, el grupo parlamentario panista señaló que la aprobación de la Reforma deja a los ciudadanos en un estado de indefensión, ya que elegir por voto popular a ministras, ministros, magistradas, magistrados, así a como jueces, no es la vía correcta para profesionalizar la impartición de justicia, “con el Dictamen se destruye al Poder Judicial y se pone en riesgo la democracia de nuestro país”, indicaron.
El Grupo Parlamentario blanquiazul también dio un posicionamiento sobre la terna propuesta para ocupar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, dijeron no estar de acuerdo con la Reforma a la Constitución Local aprobada vía fast track, ya que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pasa a ser considerados un híbrido similar a los organismos constitucionalmente autónomos (oca) sin embargo, las designaciones dejan de ser escalonadas, con ello, una sola legislatura designará a la titular de la Fiscalía para un periodo de 12 años, tiempo en el que trascurren dos periodos de gubernaturas y 4 legislaturas distintas, esto implica que queda en manos de una sola legislatura la designación de magistraturas y fiscales, vulnerando el Estado de derecho y no garantizando un eficaz combate a la corrupción.
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