Cancun, Quintana Roo, 24 de Enero del 2024
CANCÚN, MX.- Elvia Anel Contreras, comerciante en la vía pública, denunció el abuso de autoridad del que ha sido víctima por parte de la Dirección de Comercio en la Vía Pública, quien, asegura, la desalojó violentamente del lugar donde trabajaba y le “fabricó” denuncias en su contra, todo para proteger los negocios de Melitón Ortega García, líder de los tianguistas de esta ciudad.
Acompañada de sus abogados, afuera del Palacio Municipal, la presunta víctima informó que interpuso un amparo ante un juzgado federal, que le concedió la restitución del lugar donde ella trabajaba en la calle Arrecife del fraccionamiento Paraíso Maya; sin embargo, hasta el momento las autoridades municipales no le han dado cumplimiento a este mandato.
Ella explicó que el 10 de marzo del año pasado fue desalojada de manera violenta, con el falso argumento de que no tenía permisos para trabajar y por supuestamente obstruir la entrada de lo que sería un local comercial.
La afectada asegura que, con elementos policíacos, las autoridades procedieron a detenerla, para así beneficiar al presidente de la Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes, quien al parecer ya había solicitado ese mismo espacio.
“Yo ya había solicitado que me reubicaran, pero me lo negó ante un juzgado que fuera removida, porque el lugar que estaba pidiendo lo tenía Melitón Ortega García”, dijo.
Tras un año sin poder trabajar, Anel Contreras exigió a las autoridades que den cumplimiento al amparo y exigió la inmediata destitución de Jesús Ayuso Magaña, director de Comercio en la Vía Pública, al incurrir en desacato.
Por su parte Carlos Ricardo Güemes y Lilia Pérez Rodríguez, asesores jurídicos de la afectada afirmaron que este no es el primer caso de abuso en contra de los vendedores ambulantes por parte del personal de dicha dirección, quien constantemente violenta los derechos humanos de estas personas.
También confirmaron que solicitarían a la Presidencia la destitución del mencionado funcionario, ya que comete una violación grave a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al ser omiso con una sentencia judicial.