De encargado de la seguridad a señalado por violencia: exsecretario de Cancún bajo la lupa
- Grupo Interactivo TV
- 27 dic 2025
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CANCÚN, Quintana Roo, 27 de diciembre del 2025
Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró al interior del fraccionamiento Palmaris, luego de que vecinos reportaran un presunto episodio de violencia ocurrido sobre la calle CYCA, donde se habrían registrado amenazas contra la vida, agresiones físicas y la posible portación de un arma de fuego.

De acuerdo con testimonios de residentes y material audiovisual difundido en redes sociales, José Luis Jonathan Yong Mendoza, exsecretario de Seguridad Ciudadana de Cancún y quien actualmente se presenta como aspirante a juez penal, habría estado involucrado en los hechos. De manera preliminar, se señala que el exfuncionario presuntamente amenazó de muerte a un exelemento policiaco identificado como Gustavo Chan y habría agredido a su pareja sentimental.
Vecinos indicaron que la mujer habría sufrido agresiones de consideración, por lo que las autoridades analizan el caso como una posible tentativa de feminicidio; sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme esta línea de investigación. Trascendió también que la presunta víctima habría manifestado que no solicitó la intervención de las autoridades.
Habitantes del fraccionamiento señalaron que el implicado presuntamente portaba un arma corta, la cual habría sido utilizada para intimidar tanto a vecinos como a personal de seguridad privada, generando momentos de alarma y obligando a los guardias a resguardarse.

Tras los reportes al número de emergencias, al lugar arribaron diversas unidades policiales, entre ellas las identificadas con los números 5696, 5650 y 12345, bajo la coordinación del oficial Fernando Avilés. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se reportó la detención del exfuncionario.
El caso ha generado inconformidad entre residentes de Palmaris, quienes demandan la intervención inmediata de la Fiscalía, la aplicación estricta de la Ley Cero y una actuación imparcial de las autoridades judiciales.










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