Corte de Miami sentencia a Genaro García Luna y su esposa a pagar 2,488 millones de dólares por corrupción

Miami, Florida, 22 de mayo, 2025.– Un tribunal civil del estado de Florida dictó sentencia este miércoles contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, condenándolos a pagar un total de 2,488 millones de dólares por su responsabilidad en un esquema de corrupción y desvío de recursos públicos.

Linda Cristina Pereyra deberá pagar 1.740 millones de dólares, mientras que Genaro García Luna, también ha sido condenado a pagar 748 millones de dólares, ambos han sido declarados culpables de corrupción y desvío de recursos públicos.

La jueza Lisa Walsh, del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, ordenó que García Luna pague 748 millones de dólares y Pereyra 1,740 millones, luego de que ambos fueran declarados en rebeldía al no comparecer ni responder la demanda presentada en su contra por el gobierno mexicano.

La resolución civil es resultado de una demanda interpuesta en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que documentó un entramado de contratos fraudulentos entre 2012 y 2018, a través del cual se desviaron al menos 250 millones de dólares del erario. Según los expedientes judiciales, estos fondos se inflaron hasta alcanzar 580 millones mediante sobrecostos y comisiones, y fueron transferidos a empresas fachada con sede en Florida, utilizadas para adquirir propiedades y otros activos.

De acuerdo con la legislación del estado, la falta de respuesta de los demandados equivale a una admisión de los hechos presentados por la parte acusadora.

Hasta la fecha, el gobierno mexicano ha recuperado aproximadamente 2.8 millones de dólares como resultado de resoluciones previas y la venta de activos ligados a García Luna y sus empresas.

Cabe recordar que esta sentencia es independiente del juicio penal que se llevó a cabo en Nueva York, donde en octubre de 2024 el exfuncionario fue sentenciado a 38 años de prisión por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, al comprobarse su colaboración con el Cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón.

Con esta resolución, el gobierno de México refuerza sus esfuerzos legales para recuperar el dinero público desviado a través de redes de corrupción, y sienta un precedente en la colaboración judicial internacional contra delitos financieros.