Martes 22 de noviembre del 2020.
Por redacción.
Por iniciativa del diputado Edgar Gasca, la XVI Legislatura someterá a votación una reforma al código penal de Quintana Roo.
Cancún.- En México, la libertad de expresión está garantizada en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.
Y ahora resulta que la XVI Legislatura, por iniciativa del diputado Edgar Gasca Arceo, presidente de la comisión de Salud y Asistencia social, someterá a votación una reforma al Código Penal de Quintana Roo, y adicionarla al artículo 204 TER, para que los periodistas o ciudadanos que tomen fotografías o videos en escenas del crimen y las publiquen o distribuyan, sean sancionados con cárcel de dos a ocho años, sin derecho a fianza.
De aprobarse dicha reforma y callar a la prensa y los ciudadanos, el Congreso no resolvería las causas que originan la violencia, al contrario, solo estaría intentando tapar el sol con un dedo y mantener desinformada a la población sobre lo que realmente está pasando en el estado.
En cambio, como lo mencionó Article 19 en su cuenta de Twitter, solo criminaliza la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad sobre un asunto de interés público como es la violencia en el estado creando una ley mordaza, por lo que este medio de comunicación se suma a la petición al Congreso del Estado para no aprobar esta reforma, pues la ciudadanía se queja de no poder ver cómo ocurrieron las cosas cuando los medios blurrean, y de aprobarse la reforma, ya no sabrían nada.
También es importante mencionar que esos videos o fotos que toman los ciudadanos, en muchas ocasiones han servido como prueba para encontrar a los verdaderos culpables o liberar a inocentes que han sido detenidos o encarcelados por error.
Además nos preguntamos, de qué sirve callar la boca a quienes informan y a los ciudadanos, si los delincuentes seguirán haciendo de las suyas en la calle, y en muchas ocasiones son liberados por falta de pruebas o por investigaciones mal integradas por falta de pruebas, que podrían ser esas fotos o videos de los que estamos hablando.
Cabe mencionar que ya hay leyes que protegen a víctimas, mujeres y menores de edad, y que si bien hay medios de comunicación que no son cuidadosos al titular sus portadas, los demás sí cumplen con la ley al blurrear, pixelear o en algunas ocasiones, reservarse el derecho de publicar imágenes y videos que están en su poder, por respeto a las personas y las leyes.
A propósito de la reforma al Código Penal propuesta por el diputado Edgar Gasca Arceo, cabe mencionar que hace aproximadamente dos años fue denunciado penalmente, cuando era precandidato morenista a la presidencia municipal de Isla Mujeres, por negligencia en el desempeño o cargo, al aprobar a su paso como diputado local en la XIV Legislatura la cuenta pública de Roberto Borge Angulo en 2015, de poco más de 30 mil millones de pesos.
Otra de las grandes ocurrencias de Gasca Arceo fue que se incluya a la religión como “actividad potencialmente adictiva y peligrosa” para la sociedad de Quintana Roo, según él frente al aumento de las adicciones que ha traído consigo el confinamiento por el COVID-19.
El legislador presentó una reforma a la Ley para la Prevención y el Tratamiento de Adicciones en Quintana Roo en la que dividió en dos paquetes el tema de adicciones: las de “Conducta” y las de “Ingestión”.
En las de “Conducta”, el diputado Gasca puso al mismo nivel (y, por lo tanto, con las mismas sanciones, porque no hay ley sin sanción) las adicciones al juego, al sexo, a las relaciones, a la religión, al trabajo, al internet y la codependencia.